El articulo 19 de la Constitución Nacional señala “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados (…)”.

Este es uno de los fundamentos más fuertes que se presentan en el proyecto de ley 7258 que tiene el objetivo de reformar la actual ley 23737. Ley que fue sancionada 19 años atrás y que hoy está en duda su legitimidad constitucional.

La doctrina “Montalvo”, cimiento de la ley 23373, fracasó en su objetivo principal: frenar la actividad de comercialización de drogas. Solo en un 3% de los casos de arresto del consumidor personal de droga fue posible llegar al traficante. Lejos de haber disminuido, el comercio de estupefacientes se ha acrecentado a costas de una interpretación restrictiva de los derechos individuales. Interpretación que ni siquiera contempló lo dicho en la Constitución Nacional sobre la libertad de las personas en la privacidad de su casa.

Yo consumo, tu consumes, el es dealer, nosotros consumimos, vosotros cultivais, ellos son narco. Todos en cana. Policía, noche en comisaría, palos, expediente, causa, juez. No hay distinción entre un consumidor o cultivador y entre el que hace negocios con venta de droga ilegal. Con la ley actual quedamos todos manchados por igual.

Hay que entender que los hombres y mujeres que consumen lo van a seguir haciendo y los que no, no van a empezar porque la ley no los penalice. La despenalización tiene en su centro la posibilidad de que las personas que quieren cultivar su propia droga para uso personal puedan hacerlo y no tengan que comprar porro paraguayo meado. A su vez, esto haría que aquellas personas que desean fumar por placer o uso medicinal no tengan que recurrir a la compra a través de un dealer, no favoreciendo el narcotráfico.

La reforma de la ley de estupefacientes nos dejaría hacer lo que queramos puertas adentro y mientras no perjudique a un tercero. Eso sí, tené cuidado de que el humo no le llegue a Dios.

Si querés ser testigo de la nota completa al autocultivador hacé click en el enlace y enterate de todos sus secretos!!

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La Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 del INDEC difundida ayer reveló que el 2% de la población de entre 16 y 65 años admitió haber consumido cocaína alguna vez en su vida, lo que representa unos 440 mil argentinos o casi ocho estadios de River llenos. Según el informe, el 7,2% dijo que probó marihuana: equivale a 1.584.000 de personas, la misma cantidad de espectadores que hace dos años vio a los Rollings Stones en Río de Janeiro

En el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína y conseguir drogas ilegales es bastante accesible. Así lo afirma el 45,2% de los 56.000 consultados en una encuesta nacional hecha por el Gobierno a fines del año pasado.

El 6,9% de los encuestados admitió haber consumido marihuana el último año. El uso de “paco”, y del éxtasis es del 0,5 por ciento, una cifra proyectada de 80.000 personas.

Actualmente, en la Argentina rige la ley 23.737, dictada en 1989, un año después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, que acentúa el castigo a los consumidores, al entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el narcotraficante.

La norma local señala que si alguien es detenido con drogas para su consumo, se inicia una causa penal que se suspende si el imputado hace un tratamiento

La Argentina, en la ONU, hizo recomendaciones que apuntan a que el consumo es un problema de salud y no penal y que el uso de la fuerza debe estar aplicado al narcotraficante y no al consumidor

Voces a favor, en la Argentina y en el mundo

En el mundo y en la Argentina hay quienes sostienen, por diversas razones -filosóficas, jurídicas o económicas-, que debe eliminarse el derecho penal frente al consumo de marihuana; otros creen que debe despenalizarse al consumidor de cualquier sustancia prohibida y, finalmente, hay otros que propugnan que hay que desincriminar todas las etapas del comercio, fabricación y producción de drogas. Esta última posición es la que se conoce como legalización de las drogas.

El premio Nobel de Economía norteamericano Milton Friedman cree que el Estado no tiene derecho a usar la fuerza, directa o indirectamente, para evitar que un individuo se convierta en alcohólico o drogadicto. En 1998, en una nota publicada en The New York Times, señaló que “esta falla moral inevitablemente ha generado males específicos durante el último cuarto de siglo”, desde que el presidente Richard Nixon anunció una “guerra contra la droga”.

La prestigiosa publicación inglesa The Economist se pronunció a favor de la legalización de las drogas en una edición especial de 1989 y en otra de 2001.

Y Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Antonio Escohotado, Fernando Savater, Rosa Montero, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Manuel Serrat y muchos otros firmaron un manifiesto en el mismo sentido en 1993.

En nuestro país, Alberto Benegas Lynch publicó en LA NACION en junio de 2004, cuando era presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias, 15 argumentos que lo hicieron cambiar de parecer en cuanto a los beneficios de la prohibición estatal de las drogas.

Hace diez días, Juan Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, también criticó lo que denominó un “prohibicionismo ambiguo” contra las drogas. También lo hicieron antes los escritores Andrés Rivera y Mempo Giardinelli.

Desde el ámbito del Derecho, además de los jueces y juristas mencionados, están en contra de la criminalización de los adictos Elías Neuman, Julio Virgolini, Mariano Ciafardini, Luis Niño, Martín Vázquez Acuña, Leopoldo Schifrin, Daniel Sabsay y Andrés D´Alessio, entre otros. .

En países como Holanda el consumo y la comercialización de cannabis están permitidos. En Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, España y Portugal están despenalizadas o no conllevan problemas legales. En Argentina, el artículo 19 de la Constitución Nacional dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Penalizar el consumo personal atenta contra la libertad de elección  individual, que por otra parte no perjudica a otros. El 7 de mayo de este año 15 mil personas se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta Congreso para exigir a sus representantes el debate y tratamiento de la despenalización. Bajo la consigna: “¡Despenalización ya!” se llevaron a cabo marchas en 23 ciudades del país.

Actualmente se abren 13 mil causas por droga al año, de las cuales el 75% logra el sobreseimiento, esto le cuesta 135 millones de pesos al estado.  Se abren el doble de causas por consumo y tenencia simple que por comercialización. En el último año en solo 3 causas se comprobó que fehacientemente están ligados a la comercialización directa.

 Muchos de los opositores opinan que con la despenalización de la marihuana va a haber un aumento en el consumo. Enrique Fernández, subdirector del Centro de prevención de Adicciones (CPA) dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, opinó: “Es muy probable que en un primer momento al tener la droga cerca aumente, pero en un segundo momento va a disminuir y con esto, la gran ventaja que va a haber es que se va a terminar con el narcotráfico”. Sebastian Basalo dijo al respecto: “No hay un solo país donde se haya despenalizado el consumo que haya aumentado sus índices de drogadicción, al contrario”.